La electricidad renovable conecta la movilidad a la sostenibilidad
El consumo de energía asociado al transporte, tanto de personas como de mercancías, supone, a nivel europeo, un 31 % del total y de casi un 40 % en España. Si sumamos el hecho de que, mayoritariamente, se basa en la combustión de recursos fósiles, lo coloca como uno de los principales sectores en cuanto a emisiones de efecto invernadero y por lo tanto de cambio climático. Es por ello que nos hemos planteado, como sociedad, transformar la movilidad para lograr alcanzar la reducción de emisiones al nivel necesario para estabilizar la temperatura media del planeta.
Es una decisión tomada y por lo tanto, no cabe discutirla en cada tertulia sino trabajar para llevarla a cabo.
La generación eléctrica, a partir de fuentes renovables, ha sido elegida, a nivel global, como la fórmula más factible de conseguir el reto de reducir el impacto sobre el medio que ejerce el conjunto de actividades relacionado con la movilidad.
Esta transición está siguiendo una progresión muy heterogénea. Nos encontramos con países del norte de Europa, liderados por Noruega, en los que el mercado ha basculado hacia el vehículo eléctrico de forma mayoritaria, gracias a unas políticas de incentivos muy claras, decididas y continuadas en el tiempo. Países del centro de Europa con un grado de electrificación importante y países periféricos, como España, Italia y Grecia en los que la implantación del vehículo eléctrico está, todavía, a un nivel incipiente.
Esta realidad tan diferente nos indica con claridad que la transición hacia una movilidad eléctrica pasa por ser una apuesta de país.
En España existe, además, una gran dependencia económica derivada de la fabricación y exportación de vehículos. Vehículos, que han de ser eléctricos para que esta industria tenga futuro. De hecho, los anuncios de inversión para adaptar factorías en el ensamblaje de modelos eléctricos se alternan con los de apertura de fábricas de baterías e incluso con el de la llegada de inversión exterior para reforzar este sector, como el que acabamos de escuchar esta misma semana por parte del grupo Chery fruto del acuerdo con Ebro EV Motors que devolverá la actividad fabril a las instalaciones que operó Nissan en la Zona Franca de Barcelona. 1000 personas trabajaran ensamblando los modelos eléctricos de la marca china Omoda.
El PNIEC Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en su revisión, que tendrá aprobación en los próximos meses, apunta a que en España haya 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación en el año 2030, actualmente apenas si llegamos al medio millón de matriculados, por lo que se esperan medidas importantes de promoción para lograr el objetivo marcado.
En los últimos años los planes MOVES han sido el instrumento utilizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para impulsar la venta de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, actualmente está vigente la tercera edición y fuentes del IDAE aseguran que todavía hay fondos para reforzar a aquellas comunidades que han agotado su asignación. Estos fondos se ven, por fin, complementados con una deducción de la declaración de la renta de un 15 % del importe de compra del vehículo, un instrumento que va en línea con aplicar los criterios de “fiscalidad verde” tan largamente demandados por el sector y que han dado buenos resultados en otros países.
Las ayudas a la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga pueden solucionar una de las principales barreras en la adopción, el diferencial de coste con los vehículos de combustión. Ahora bien, hoy día, con la presión que ejerce la llegada de vehículos fabricados en Asia, el coste y variedad de modelos trasladan a la disponibilidad de puntos de recarga pública la presión como primera razón por la que la mayoría de las personas dudan en hacer el cambio.
¿Cómo podemos acelerar la creación de una red de recarga pública repartida por toda nuestra geografía que permita eliminar la ansiedad por la autonomía a las personas que están valorando adoptar el vehículo eléctrico?
La respuesta no es única sino múltiple, pero quizá las más importantes sean,
- La simplificación de las tramitaciones. En este sentido se ha ido legislando, en los últimos decretos, para que la instalación de puntos de recarga de hasta 3 MW de potencia, pueda realizarse a través de declaraciones responsables y por lo tanto evitar tener que esperar licencias de obra que, a menudo, colapsan las administraciones locales. Ahora, hay que trabajar para que todas las administraciones apliquen este procedimiento con una mirada amplia ya que la instalación de puntos de recarga suele abarcar modificaciones y/o ampliaciones de la infraestructura de distribución eléctrica.
- La celeridad en la obtención de puntos de acceso y conexión. Los plazos hasta conseguir energizar un equipo de recarga en vía pública son, a fecha de hoy, en España más del doble que algunos países vecinos y por lo tanto un freno a que los operadores de recarga puedan explotar y rentabilizar sus inversiones. En este sentido la administración debe interceder para lograr que las compañías distribuidoras cumplan con unos plazos que por otro lado están perfectamente definidos en la reglamentación. La solución puede venir de los trabajos que está realizando el GTIRVE (Grupo de Trabajo Infraestructura para la Recarga de Vehículo Eléctrico) que coordina el IDAE y en el que participan todos los agentes involucrados, incluida AEDIVE (Asociación de la Industria del Vehículo Eléctrico).
- La disponibilidad de potencia. En los últimos años la potencia instalada en generación renovable ha superado las expectativas incluso de los más optimistas del sector, pero en cambio, las redes de distribución siguen siendo prácticamente las mismas desde hace décadas y por supuesto no han sido diseñadas par alimentar centros de recarga multipunto con potencias elevadas. Regular y definir la financiación de las inversiones requeridas para acondicionar las redes de distribución está sobre la mesa de la recién recuperada Comisión Nacional de Energía, pero mientras tanto debemos ser audaces y diseñar los equipos que permitan optimizar la red existente.
La generación distribuida, principalmente mediante instalaciones solares apoyadas por acumuladores electroquímicos, se está erigiendo en la medida más efectiva para suplir la falta de potencia de la red de distribución en muchas ubicaciones que son ideales, por la densidad de tráfico que albergan, para la implantación de los centros de recarga de alta capacidad, 400 kW como mínimo, cada 60 km de distancia en 2025 que deberán crecer hasta los 600 kW en 2030 según el reglamento europeo AFIR que acaba de entrar en vigor.
Quizá pueda parecer que estas barreras o falta de capacidad puedan dar al traste con el cumplimiento de los objetivos pero, nada más lejos de la realidad, no hay vuelta atrás y por lo tanto el trabajo incansable de administración y sector privado conjuntamente, tiene capacidad suficiente para superarlas y lograr no sólo alcanzar los objetivos sino sentar las bases para alcanzar la electrificación total de la movilidad y contribuir así en la descarbonización de la economía en el año 2050 tal y como hemos acordado a nivel de la Unión Europea.
Cuando el Parlamento europeo declaró la Emergencia Climática, en noviembre de 2019, todos sus miembros y por extensión toda la población quedó comprometida en una carrera contra el tiempo para revertir la situación. No hemos logrado detener el avance del cambio climático antes de superar el aumento de 1,5 C de la temperatura media del acuerdo de París, pero si que hemos trabajado sentando las bases tecnológicas para intensificar la respuesta global. Hagamos cada día el gesto que nos compromete con dejar a la próxima generación, por primera vez en la historia, un mundo más sostenible del que recibimos nosotros de nuestros antecesores.